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Desde su aparición en la escena de la vida socioeconómica panameña, las personas de origen asiático siempre se han enfrentado a múltiples problemas en Panamá.

A pesar de tratarse de una colonia laboriosa, seria y siempre cooperadora en los asuntos comunitarios, los ciudadanos chinos han confrontado en nuestro medio situaciones difíciles y de muy diferentes tipos.

Recordemos que para los anos de 1850 durante la construcción del Ferrocarril de Panamá, se importo un grupo numeroso de estas personas que trabajaron por un tiempo en esas labores, para luego, tal vez debido a la melancolía y la nostalgia llegaron a estados depresivos profundos que terminaron en un suicidio colectivo en la población de Matachín, uno de los muchos pueblos que surgieron a lo largo de la vía férrea y que curiosamente tenia ese nombre con anterioridad a los hechos y no como

Durante los años del Canal bajo la dependencia norteamericana se contrató a otro grupo de asiáticos, que no fueron muy exitosos en las labores muy arduas y extenuantes de las excavaciones y que tuvo como consecuencia que muchos de ellos regresaran a su tierra natal y los que permanecieron en Panamá, muy pronto se ingeniaron para establecerse como comerciantes pequeños en víveres y como propietarios de lavanderías.

Hacia agosto de 1913, el problema de los asiáticos, nuevamente tuvo una reagudización en este país. La Asamblea Nacional había aprobado la Ley 50, por medio de la cual los chinos tenían que ser censados y pagar la suma de 500 dólares para continuar residiendo en este país o de lo contrario enfrentarse a una deportación inmediata.

Esta posibilidad sembró el pánico en los comerciantes panameños quienes solicitaron una reunión de alto nivel con el Presidente Porras y el Ministro de Relaciones Exteriores don Ernesto Lefevre, donde presentaron dos memoriales para exponer los efectos perjudiciales que tendría la adopción de la medida mencionada y que representaría pérdidas cercanas al millón de dólares, originada por los grandes créditos que se les había concedido y el otro documento suscrito por cerca de 50 propietarios de inmuebles que veían con franco temor la desocupación de muchos de sus locales, con la consiguiente baja en sus ingresos.

Los señores Ramón Arias y Carlos Villalaz fueron los principales expositores de estos memoriales. Por parte del gobierno, los señores Lefevre, Arjona y Filos, citaron los diferentes acápites legales que servían como sustentación para la acción propuesta y que tenia el respaldo del Presidente y su gabinete.

En principio se llego a un arreglo provisional, en el sentido que los chinos podrían pagar la mitad de la suma mencionada y firmar un pagaré con garantía de una persona solvente, comprometiéndose a pagar la otra mitad después del cierre de las sesiones legislativas en septiembre de ese mismo año. El ejecutivo por su parte, se comprometía a que la asamblea redujera la suma original a la mitad, lo cual equivaldría a un verdadero pago de 250 únicamente.

Se nombró un comité formado por los señores Ramón Arias, Daniel de Castro y Alberto Obarrio, para que continuara con las negociaciones.

Una larga lista de los más distinguidos comerciantes de la localidad entre los que se encontraban Joshua Maduro, I.H.Maduro, Isaac Sasso, Canavaggio, de Lemos, Cameron de la Compañía Swift, José Maduro agente de Lindo Piza y Compañía, José M. Salgueiro, el mayor Eastwach agente de la Panamá Banking Company y John Forsyth, representando a la International Banking Corporation, animaron a este reunión con sus diferentes explicaciones y puntos de vista al respecto.

Se estimaba que para esos años había alrededor de 6000 chinos en el país, sin embargo los resultados del censo fueron muy diferentes, con resultados distribuidos así:

De este total solamente un 3% tenían sus papeles en orden y de esta manera, y dentro de una Ley No. 6 de 1904, tenían el derecho de permanecer en Panamá siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos de dicha ley.

La situación se fue poniendo muy tensa, al punto que el gobierno panameño le retiro el reconocimiento al cónsul de China, Mr. King porque se le acusaba de retener en su poder un gran número de las cédulas de sus compatriotas y tratar de entorpecer las funciones de las autoridades panameñas.

Para sobreponerse a este delicado aspecto que iba tomando caracteres impredecibles, el gobierno de Pekín, designo como su representante en Panamá a Mr. Wickers, quien de inmediato se puso en movimiento para llegar a una solución.

Durante esos agitados días, llego al puerto de Balboa el vapor Acapulco, donde viajaban trece asiáticos a quienes no se dejó desembarcar, a menos que cumplieran con el pago de los 500 dólares que se mencionaban en la ley.

La labor de Mr. Wickers era la de reemplazar al antiguo cónsul en todos los negocios que se refirieran a las leyes de inmigración y a través de sus esfuerzos conciliatorios, se llego a una suspensión temporal de todos los efectos de dichas leyes.

Los esfuerzos de las autoridades de Panamá eran muy plausibles y su deseo inmediato era el de poner orden en la casa en lo referente a los descendientes asiáticos y por el impuesto que debían pagar, cerciorarse de una forma efectiva del número total de ellos en el Istmo y del mismo modo limitar la futura afluencia de los chinos a este país.